Los opositores aseguran que el acuerdo ACTA restringiría la libertad en Internet.
Usuarios de Internet y miembros del Gobierno en muchos países europeos han estado protestando, cada vez con mayor intensidad, contra un tratado sobre piratería en Internet y propiedad intelectual conocido como Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
ACTA establecería un marco para luchar contra la infracción de los derechos de autor a través de fronteras internacionales, ya sean físicas o digitales. Sus oponentes señalan que su alcance es demasiado amplio y advierten que podría dar lugar a la toma de medidas enérgicas contra la piratería digital a pequeña escala y tener consecuencias no deseadas para los medicamentos genéricos, que se clasifican junto a los falsos. A los críticos también les preocupa que dependa de cada país decidir lo que constituye piratería a nivel "comercial" y afirman que se han llevado a cabo pocas consultas públicas para redactar el tratado.
Las protestas están teniendo lugar tras una reacción online sin precedentes provocada por dos proyectos de ley contra la piratería en EE.UU. el mes pasado. Varios de los sitios web más importantes, como Google y Wikipedia, bloquearon contenidos y millones de usuarios de Internet firmaron peticiones para protestar contra los dos proyectos: la Ley para Detener la Piratería en Línea (SOPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Protección de las IP (PIPA), obligando a muchos legisladores a retirar su apoyo a la legislación propuesta.
Según afirman abogados especializados en tecnología, académicos y activistas, se ha combinado una serie de eventos que han conseguido alimentar una renovada defensa entre los usuarios comunes de Internet. Al margen de SOPA y PIPA, también cabe destacar lo ocurrido con Wikileaks del año pasado, además del asalto coordinado a nivel mundial contra el sitio web de intercambio de archivos Megaupload.
"Creo que muchos ciudadanos en todo el mundo han sido conscientes del asunto gracias al nivel de atención provocado por SOPA/PIPA y Megaupload", señala Jeremie Zimmerman, jefe del grupo francés de defensa de Internet La Quadrature du Net. "Ha arrojado luz sobre ACTA, que irónicamente fue redactado mucho antes y ha servido de modelo para SOPA/PIPA".
El viernes pasado, el presidente polaco Donald Tusk señaló que su Gobierno iba a suspender el proceso de ratificación después de grandes protestas callejeras en su país. Mientras tanto, el representante de Eslovenia en el tratado se disculpó por su apoyo, al mismo tiempo que Anonymous atacaba la página web de un banco importante de dicho país. Miembros del Parlamento búlgaro se pusieron las máscaras de Guy Fawkes asociadas con Anonymous, como símbolo de protesta, tras la firma de ACTA por parte del Gobierno. Se han programado más protestas contra ACTA en varias ciudades europeas el 11 de febrero.
Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, México, Singapur, la Unión Europea y muchos otros países son parte del acuerdo, que entrará en vigor si es ratificado por al menos seis miembros. Hasta ahora, ninguno lo ha ratificado. Sus críticos señalan que reprimiría la libertad de expresión en Internet.
Los grupos comerciales, como la Motion Picture Association of America (MPAA), la Recording Industry Association of America, y la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, han participado activamente en el desarrollo del acuerdo y han prometido su apoyo.
En septiembre de 2011, Christopher Dodd, exsenador de Connecticut y actual jefe de la MPAA, elogió el nuevo acuerdo. "El robo de propiedad intelectual a una escala mundial sin precedentes está privando a los creadores y titulares de derechos de autor de los ingresos que merecen tras sus enormes inversiones de creatividad, experiencia y trabajo duro, lo que socava el sector creativo en todos los países", indicó.
A finales de enero, Kader Arif, miembro francés del Parlamento Europeo, renunció a su cargo en calidad de ponente Europeo de ACTA y denunció el tratado "de la manera más contundente posible" por no "incluir organizaciones de la sociedad civil y no poseer transparencia desde el inicio de las negociaciones".
"Esta repentina erupción en Polonia, en mi opinión, era una especie de reacción paradójica a un periodo más largo de silencio", indica Katarzyna Szymielewicz, cofundadora de la Fundación Panoptykon, un grupo activista de la privacidad en Polonia. "La sociedad, e incluyo a usuarios de Internet jóvenes y educados, solía ser muy pasiva en cuanto a su participación en debates mundiales relacionados con Internet, como por ejemplo la retención de datos o el bloqueo de Internet. De pronto, ha 'descubierto' que su Gobierno está a punto de concluir un acuerdo muy controvertido a sus espaldas y que dicho acuerdo puede afectar a su vida diaria. La respuesta ha sido rabiosa, un poco como cuando abres una lata de refresco después de agitarla".
Algunos activistas creen que ACTA podría incluso ser mal utilizado con fines políticos, y observan un paralelismo con la forma en que Wikileaks sufrió presión financiera tras hacer pública una enorme cantidad de comunicaciones del Gobierno de EE.UU. el año pasado. "Imaginemos un mundo donde nuestros negocios pudieran ver su existencia amenazada por medidas tomadas por vigilantes, promovidos por su propio Gobierno o por otros extranjeros, tales como nuestro proveedor de alojamiento, el registrador o el registro de nombres de dominio, la red de publicidad o el proveedor de servicios de pago", señala Joe McNamee, director de European Digital Rights, un grupo de defensa de Internet con sede en Bruselas. "La amenaza no es teórica, tal y como demuestra Wikileaks".
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