Por MIRIAM JORDAN
Un grupo de líderes tecnológicos de Silicon Valley, impacientes con los intentos frustrados de reformar las leyes estadounidenses de inmigración, está financiando los esfuerzos para ayudar a jóvenes indocumentados a asistir a la universidad, encontrar trabajo y permanecer en Estados Unidos a pesar de no tener papeles.
El grupo incluye a Jeff Hawkins, inventor del Palm Pilot; las fundaciones familiares de Andrew Grove, cofundador de Intel Corp., y Mark Leslie, fundador de la antigua Veritas Software Corp. Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple Inc., ha apoyado durante años a jóvenes indocumentados por medio de organizaciones que ayudan a los estudiantes de secundaria de bajos ingresos.
Associated Press
Un manifestante pide la promulgación del Dream Act el año pasado. El proyecto de ley fracasó en el Senado.
El dinero de Silicon Valley forma parte de una respuesta más amplia de individuos y estados al Congreso de EE.UU., que no aprobó un proyecto de ley federal conocido como Dream Act, que ofrecería un camino a la legalización a los inmigrantes indocumentados que se gradúan de una escuela secundaria de EE.UU. y pasan a la universidad o se enlistan en las fuerzas armadas.
"Creemos que la inacción del Congreso (...) es devastadora para esos estudiantes y trágica para el país", señaló Powell Jobs, que fue una de las primeras en el sector tecnológico en abogar por el proyecto de ley, haciendo lobby y escribiendo un artículo de opinión apoyando el proyecto.
El foco de los filántropos de Silicon Valley es Educators for Fair Consideration (o E4FC), una organización sin fines de lucro que ofrece becas, asesoría profesional y servicios legales a los estudiantes que ingresaron ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños.
Las empresas que a sabiendas contratan inmigrantes indocumentados pueden afrontar sanciones civiles y penales. Entre otras ideas, los filántropos de Silicon Valley estudian la posibilidad de usar pasantías no remuneradas como una forma para presentar a los estudiantes a empleadores que más tarde podrían ejercer de patrocinadores para que consigan una visa de trabajo.
Tras ayudar a unas decenas de estudiantes a completar estudios universitarios con pequeñas donaciones, la organización E4FC, con sede en San Francisco, fue expandida con el dinero de los líderes empresariales del sector tecnológico. Ahora cuenta con abogados de inmigración para ofrecer asesoramiento jurídico a cientos de estudiantes sin papeles.
"Solíamos pensar 'vamos a ayudarlos a conseguir el título universitario'" con becas, dice Katharine Gin, una profesora que ayudó a fundar E4FC. "Creíamos que la Dream Act sería aprobada y apenas los estaríamos ayudando en el período intermedio", añade.
Varios de los donantes de Silicon Valley se enteraron de la situación de primera mano. Hawkins llegó a conocer a una estudiante indocumentada en la escuela de sus hijas. Liz Simons, hija del fundador del fondo de cobertura Renaissance Technologies, fue mentora de un estudiante indocumentado en la escuela secundaria que estaba en dificultades para conseguir financiamiento para la universidad por su situación ilegal. Seth Leslie, hijo del fundador de Veritas, conoció a varios estudiantes sin papeles en su trabajo como profesor y director de escuela.
La suma de dinero involucrada es relativamente pequeña. El año pasado, los filántropos del sector tecnológico y otros donaron cientos de miles de dólares al grupo, cuyo presupuesto operativo es de US$600.000 para 2012.
"He optado por hacer de esta una de mis áreas de filantropía", señaló Hawkins, quien reveló su donación por primera vez en una entrevista, pero se negó a indicar la cantidad. "Aún es una fase embrionaria, pero estoy dispuesto a redoblar mi esfuerzo a medida que encontremos soluciones", añadió.
En los últimos meses, California, Illinois y Nueva York aprobaron proyectos de ley que permiten que estudiantes indocumentados reciban ayuda financiera para la universidad. Trece estados del país permiten que los inmigrantes sin papeles que residen dentro de sus fronteras reciban el descuento que se les da a los residentes del estado para cubrir los costos de matrícula en las universidades públicas.
A pesar del apoyo de parlamentarios tanto republicanos como demócratas, la Dream Act no fue aprobada por el Congreso tras quedar atrapada en un amplio debate sobre la reforma del sistema de inmigración del país, incluyendo qué hacer con los aproximadamente 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país. La versión más reciente del proyecto de ley, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2010, fracasó en el Senado, luego de haber sido insertada en un proyecto de ley sobre gastos del sector militar.
Para sus detractores, la Dream Act equivale a un programa de amnistía para niños cuyos padres violaron las leyes de inmigración de EE.UU. Argumentan que ello alentaría a más gente a infiltrarse en el país.
Cada año se gradúan unos 65.000 estudiantes indocumentados en las escuelas secundarias de EE.UU., según los expertos. La Corte Suprema ha determinado que es inconstitucional negar la educación pública básica a los niños que se encuentran en el país de manera ilegal. Sin embargo, después su futuro es incierto debido a que no pueden beneficiarse de las subvenciones federales, los programas de pasantías y préstamos estudiantiles. Tampoco pueden obtener un empleo en el país de manera legal.
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